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Autor: Paloma Zapatero

Desde que decretó el Estado de Alarma son numerosos los clientes que me consultan sobre si, como consecuencia del cierre temporal de los negocios, sigue vigente la obligación de pago de la renta y el resto de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento.

EL RD 463/2020 ha establecido, entre otras medidas, la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas durante el tiempo que permanezcamos en situación de Alarma.

Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, en España no se han dictado normas de ámbito arrendaticio, ni legales ni económicas, que regulen las consecuencias derivadas del cierre de los negocios, en relación con los derechos y deberes de las partes.

Nos encontramos, pues, con un escenario de tremenda incertidumbre jurídica en donde es necesario ofrecer soluciones que diriman los conflictos de intereses que se están produciendo entre arrendadores y arrendatarios.

Por un lado, los propietarios de locales y oficinas tienen derecho a percibir la renta pactada en el contrato. Dicha renta en muchos casos es destinada a amortizar créditos, a sufragar gastos e incluso es la única fuente de ingresos de algunos arrendadores.

Por otro lado, los inquilinos abonan la renta como contraprestación a ejercicio de una actividad lucrativa que desarrollan en los locales objeto de arriendo, con la que generan los ingresos necesarios para, entre otras cosas, abonar la renta pactada.

Por tanto, estamos ante un importante CONFLICTO DE INTERESES que hay que resolver analizando cada caso concreto de forma particular ya que, como veremos, ni la legislación actual en materia arrendaticia, ni el RD 463/2020 establecen pautas para solucionar este difícil conflicto.

Efectivamente, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos  Urbanos, no establece normas aplicables a esta tremenda problemática. Así, no contempla la posibilidad de suspensión de los contratos más que en determinados supuestos referidos a la realización de obras de conservación o acordadas por una autoridad competente que hagan la vivienda inhabitable o, en el caso de los locales, inservible a su fin mientras duren las obras, por lo que no es posible por esa vía la suspensión de los contratos o exoneración del pago de la renta en la actual situación.

Por tanto, ante la ausencia de normativa vigente y de medidas decretadas por el Gobierno para la resolución de este difícil conflicto, tenemos dos alternativas:

A.- Negociar acuerdos entre las partes.

Recomiendo, tanto a arrendadores como a inquilinos que, moviéndose en el ámbito de la buena fe, y atendiendo a principios de equidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta las concretas circunstancias económicas, personales, así como la trayectoria contractual de ambas partes, concilien intereses de la forma más equitativa y justa posible.

Igualmente, aconsejo plasmar dichos acuerdos por escrito para evitar problemas futuros.

B.- Acudir a la doctrina que ha sentado nuestra Jurisprudencia para situaciones análogas. La llamada cláusula “rebus sic stantibus”

Si apelamos a esta doctrina, la obligación de pago de la renta se suspendería o reduciría durante todo el tiempo que dure el Estado de Alarma.

Esta cláusula exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplimiento del contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.

2º. Desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes, que derrumban el contrato por aniquilamiento de las prestaciones.

3º. Que todo ello acontezca por la sobrevenida aparición de circunstancias radicalmente imprevisibles.

4º. Que carezca de otro medio para remediar y salvar el perjuicio (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1987 y 6 de junio de 1959).

La aplicación de la cláusula rebus podría aplicarse para resolver los conflictos jurídicos que se están produciendo como consecuencia del Estado de Emergencia y como una posible vía para producir una resolución del contrato, la reducción o la suspensión de la renta y otras obligaciones contractuales, con el fin de ajustar el desequilibrio que la nueva situación produce y atenuar los efectos de una situación no prevista, debiendo prevalecer el principio de conservación del negocio jurídico y el equilibrio de prestaciones.

Hay que tener bien presente que la cláusula rebus NO SE PUEDE APLICAR DE FORMA AUTOMÁTICA ni de igual manera en todas las relaciones arrendaticias. Hay que analizar los pactos establecidos en cada contrato de arrendamiento para determinar cuál es la solución más justa, en atención a todas las circunstancias concurrentes: la duración pactada, la existencia de pactos que contemplan fuerza mayor y/ o causas sobrevenidas, cláusulas de desistimiento y/o de extinción, etc..

Nos espera a todos una ardua y difícil tarea. Debemos tratar de conciliar los intereses en juego, de la forma más razonable y justa, tratando de defender nuestros intereses pero sin olvidar que velar por el bien común guiados por la solidaridad favorece la recuperación económica y social.

Paloma Zapatero García.

Abogado.

Real (Decreto-ley 463/2020, de 14 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 

Los abogados miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) consideramos que el sistema de custodia compartida y el régimen de visitas en un sistema de custodia individual quedan vigentes por el RD 465/2020 de 17 de marzo. Nuestra posición se ve reforzada por la rueda de prensa del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y por la decisión adoptada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Real Decreto 46372020, de 14 de marzo, expresamente indica que “Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de acceso público para la realización de las siguientes actividades: e) Asistencia y cuidado a mayores y menores”, lo que claramente significa que un progenitor puede circular por la vía pública para para recoger o entregar a un menor, en cumplimiento de un régimen de visitas o de custodia compartida.

No obstante, en las últimas horas se están dictando pronunciamientos dispares y contradictorios por parte de los diferentes juzgados y tribunales de nuestro país, por lo que, a pesar de haber un criterio “oficial” que ha establecido las pautas generales a seguir, estamos atendiendo al caso concreto para poder resolver los problemas que se plantean de forma individualizada.

Desde mi despacho recomiendo que la buena fe y el sentido común sean las máximas que rijan las relaciones entre los progenitores, así como la consecución de acuerdos que tengan como objetivo el estricto interés de los hijos en consonancia con el interés social. Hay que tratar por todos los medios de evitar la judicialización de conflictos.

 Paloma Zapatero García

El coronavirus está provocando enorme inquietud e incertidumbre en muchos asuntos relativos al Derecho de Familia y a las crisis de pareja. En el despacho estamos recibiendo multitud de llamadas, correos, mensajes y petición de reuniones y asesoramiento. Sin perjuicio de resolver una a una las cuestiones planteadas en cada caso concreto (que es exactamente lo que estamos trabajando en mi bufete) quiero dar unas pautas generales, que han sido avaladas por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA):

  1. Los progenitores deben respetar las resoluciones judiciales vigentes.
  2. Los progenitores deben actuar ajustando el ejercicio de la patria potestad a las normas sanitarias.
  3. Los progenitores deben buscar el consejo de profesionales, abogados de Familia, y con ellos intentar que la situación de hecho encaje con la regulación actual de sus relaciones derivadas de la resolución judicial, recurriendo para ello a la transacción o a la mediación.
  4. Ante el estado de colapso de los juzgados y los plazos que manejan las autoridades en esta crisis sanitaria, los abogados de Familia entendemos que la mejor solución es el diálogo. Por ello, los abogados expertos en Derecho de Familia, dotados de los medios más actuales en telecomunicaciones, podemos facilitar soluciones por estas vías sin necesidad de contacto directo.

 En resumen, debe respetarse el derecho de visitas, aunque debe prevalecer el interés superior de los hijos, en este caso, su salud. Las directrices del Ministerio de Sanidad son las que han de seguirse en beneficio de los niños y del resto de la sociedad.

Paloma Zapatero

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de enero de 2020, establece la inconveniencia de la modalidad de CASA NIDO para la mayoría de las economías familiares.

Personalmente, desaconsejo el sistema de “CASA NIDO”, no sólo por suponer la necesidad de mantener activas tres viviendas, sino por ser una fuente inagotable de tensiones y conflictos entre los progenitores, tal y como acertadamente señala el Tribunal Supremo.

Las pocas veces que en mi despacho se han firmado convenios reguladores en los que las partes me han pedido expresamente compartir el domicilio familiar por semanas alternas, han acudido a mí a los pocos meses solicitando una modificación.

La CASA NIDO supone, en cierta medida, continuar compartiendo determinados aspectos de la convivencia, y cuando una pareja decide separarse, lo que en el fondo busca es plena autonomía y disolver todos los vínculos posibles, excepto los estrictamente necesarios (cuidado de los hijos).

En la citada sentencia, nos encontramos con los siguientes antecedentes:

Proceso de divorcio contencioso con hijos menores. El juzgado establece el sistema de guarda y custodia con alternancia semanal de los progenitores en la vivienda familiar y permanencia constante de los menores. Considera que ambos progenitores dotados de las buenas habilidades parentales y apoyos familiares. La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por la madre. Aprecia preponderancia del rol materno durante el matrimonio, además considera imprecisos los apoyos familiares referidos por el padre y un programa del ejercicio de la guarda poco viable.

El padre interponer recursos de infracción procesal y casación que resultan estimados. El Tribunal Supremo considera que la Audiencia Provincial incurre en falta de motivación y error notorio al ignorar que en el acto del juicio se declararon los apoyos con los que cuenta el padre y que este sí informó de cómo iba a afrontar el sistema de custodia compartida. En cuanto al Recurso de Casación, el Tribunal Supremo aprecia la existencia de apoyo familiar de ambos progenitores, capacidad y aptitud en ambos progenitores, acreditada durante tres años de ejercicio conjunto de la custodia compartida.

Sin embargo, se muestra de acuerdo con las tesis de la madre del MF en cuanto a la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre de manera continuada. El Tribunal Supremo recuerda la jurisprudencia en el que se muestra reticente al sistema de CASA NIDO cuando no es compatible con la capacidad económica de los progenitores, obligados a mantener la vivienda de cada uno y la común; y también porque impone un régimen de vida muy propenso a generar conflictos entre los progenitores. Fija un plazo de transición de dos años, durante el cual los menores y su madre permanecerán en la vivienda familiar, tras el cual, deberán abandonarla, momento en el que la vivienda familiar se integrará en el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales, en interés de los menores, a la vista de los escasos ingresos de la madre, situación necesitada de protección en aras a un ordenado cambio del sistema de custodia.

 

El Tribunal Supremo reitera que el sistema de custodia compartida no conlleva un reparto de tiempos igualitarios, sino que pretende un reparto lo más equitativo posible y ajustado con la diversidad de las jornadas laborales de los progenitores.

Proceso de divorcio en el que se establece en primera instancia la custodia compartida de los tres hijos del matrimonio, tal y como había solicitado el padre. No obstante, éste recurre en apelación la sentencia del juzgado, al considerar que la distribución de los tiempos de estancia de los menores con uno y otro progenitor establece en la práctica un régimen de guarda exclusiva para la madre con un régimen de visitas en su favor. La Audiencia Provincial desestima el recurso, al considerar adecuada la distribución de tiempos establecida conforme a las circunstancias valoradas en el supuesto concreto (domicilios próximos, apoyos de las familias, capacidades de cada progenitor, entendimiento mínimamente razonable, etc.). La custodia compartida no equivale a una distribución igualitaria de tiempos de estancia. Además, el sistema establecido es el que ha venido rigiendo con éxito las comunicaciones paterno-filiales desde la crisis matrimonial, pues fue acordada por los propios progenitores en medidas provisionales.

El padre interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo, entendiendo que la custodia compartida conlleva el reparto de los tiempos de estancia de los menores de forma equitativa entre ambos progenitores, evitándose desequilibrios en los tiempos de presencia, y en mejor interés del menor. El Tribunal Supremo desestima el recurso, recordando que la distribución de tiempos en el sistema de custodia compartida no tiene que ser necesariamente equitativo. Considera que la sentencia de apelación ha respetado la esencia de la custodia compartida, ajustándola al régimen laboral de los progenitores, a las guardias del padre, a lo pactado y a que ha sido un sistema que se ha desenvuelto con normalidad y que, de acuerdo con el informe psicosocial, ha influido positivamente en los menores.

Os dejo el enlace a la sentencia del Tribunal Supremo

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/111a225627adee19/20190125

Se ha acreditado que las aludidas razones y limitaciones que impiden al padre estar con su hija todos los fines de semana alternos que tiene acordado ni muchos de los periodos vacacionales, y ello, precisamente, ha de dar pie a alternativas que permitan que la abuela pueda estar con la menor.

OBJETO DEL PLEITO. –

La apertura del régimen de visitas a favor de la abuela cuando el hijo tiene dificultades en cumplir con el régimen de visitas.

El padre, que vive en Vitoria, tiene dificultades en cumplir con su régimen de visitas, lo que crea una situación de privación de comunicación entre su madre, abuela paterna, con la nieta.

LAS DIFICULTADES DEL PADRE EN CUMPLIR EL REGIMEN DE VISITAS ABRE LA VIA A LOS ABUELOS

Resulta que la abuela demandante se relaciona con su nieta los días que la menor está con su padre, cuando éste regresa de la ciudad de Vitoria para estar con su hija, en cumplimiento de su régimen de visitas, permaneciendo y durmiendo dichos días, en el domicilio de aquella.

Las aludidas razones y limitaciones que impiden al padre estar con su hija todos los fines de semana alternos que tiene acordado ni muchos de los periodos vacacionales, y ello, precisamente, ha de dar pie a alternativas que permitan que la abuela pueda estar con la menor, y razonable es lo decidido en la Sentencia, «los fines de semana y periodos que corresponda al padre estar con la menor.

La subordinación a las actuales limitaciones personales y laborales del progenitor, justifican el arbitrio y apertura de un régimen específico para la abuela, y en tal sentido, se considera ciertamente adecuado, y en línea con el criterio del Ministerio Fiscal, que la abuela vea a la niña un día a la semana. sin perjuicio de que, por voluntad de la propia menor, se pueda establecer aparte del miércoles, que las visitas se realicen también otros días, sin obviar, además, que, en todo caso, no se perturben las horas de actividades, trabajo, estudio y descanso de la menor.

El TJUE ha establecido que procede responder a la cuestión planteada que el derecho de visita; del art.1, apartado 2, letra a), y del artículo 2, puntos 7 y 10, del Reglamento nº2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que incluye el derecho de visita de los abuelos a sus nietos.»

El art. 94 CC prevé expresamente no sólo el régimen de visitas para el progenitor no custodio sino también el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos.

El art. 160 prevé que «No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.»

Adjunto el link a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz.

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2a487cf2b39ae4bc/20191016

ANTECEDENTES. – La esposa simula ser el esposo para obtener de la compañía telefónica sus facturas e información personal.

El Juzgado la condena por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. –

Los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida se concretan, en lo que ahora interesa, en el apoderamiento ilícito de unas facturas por parte de la acusada, por lo que tal conducta tiene encaje más específico en el art. 197.1, en el que, entre las distintas modalidades de conductas que se tipifican, se encuentra la relativa al apoderamiento de documentos de otro, y la facturas son documentos. No teniendo cabida los hechos declarados probados en la sentencia recurrida en el tipo delictivo descrito en el art. 197.2, pues en tal precepto lo que se castiga, entre otras conductas, es el apoderamiento de datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallaren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Es decir; en el art. 197.2 se trata del apoderamiento de informaciones sobre algo, mientras en el art. 197.1 se trata del apoderamiento de documentos. Y, se reitera, en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida se describe una conducta consistente en el apoderamiento de documentos, como son las facturas.

 

Adjunto el link a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4dfb44e2f418e778/20191210

 

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